BC, con una ley light ante casos de negligencia médica
¿Qué cambiaría la iniciativa para garantizar la buena práctica médica de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, si hubiera estado vigente cuando sucedió la trágica muerte de Keren Vallejo tras una cesárea? Absolutamente nada.
Dicha iniciativa fue anunciada por primera vez el 16 de febrero con la intención de elevar las penas por negligencias o malas prácticas médicas, pues Baja California tiene uno de los castigos más leves por el delito culposo de negligencia, que es de hasta cinco años de cárcel y hasta dos de inhabilitación.
Sin embargo, tras críticas de médicos la propuesta se matizó concentrándose en dos puntos: el primero es elevar la inhabilitación hasta cinco años para igualarla con la media nacional, y se desechó la parte de elevar las penas de prisión.
El segundo, lo que se les plantea a los médicos en diversas reuniones entre colegios y clústeres, y los titulares de la Secretaría de Salud y la Dirección Jurídica de Gobierno del Estado, no es otra cosa que cumplir con sus obligaciones éticas y profesionales: que todo aquel profesional de la salud que realice un procedimiento quirúrgico especializado cuente con la acreditación y la certificación de la especialidad correspondiente.
BC, con sanciones menores, pero el que menos quejas tiene
El presidente del Colegio de Médicos Generales y Familiares de Mexicali, el doctor Hugo Cota, reconoció que Baja California es el estado del país donde la sanción es menor para la mala praxis, sin embargo, dijo que en turismo médico esta es la entidad que provee de los mejores servicios médicos en toda la frontera norte, y es el estado con menos quejas.
¿Y qué tan importante es el turismo médico para Baja California? Mucho, con un ingreso anual del orden de los mil millones de dólares y unos 6 mil empleos directos, de acuerdo con datos del Gobierno del Estado.
Nancy Minor, directora del Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali, destacó que el turismo médico es muy importante, pues es una de las principales banderas con las que se promociona a la ciudad.
No obstante, subrayó que cada vez que se da un caso de muerte de un paciente en una cirugía, la afectación es muy directa para la actividad; nosotros lo que tenemos que ofrecer como país a los extranjeros es la seguridad, dijo.
El que nada debe nada teme
Sobre esto, Fernando Castro, presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, opinó que los extranjeros que vienen por turismo médico no tienen garantías porque no hay consecuencias en lo jurídico-penal. “El que el que nada debe, nada teme y que si un médico se conduce con buena praxis y es responsable, no tiene por qué tenerle miedo a un cambio en la legislación”, destacó.
Los números de la Comisión de Arbitraje Médico (CAME) indican lo siguiente: de las 97 quejas presentadas tan solo en los primeros dos meses de este año, 51.5 por ciento fueron contra servicios de salud federales, 11.3 por ciento contra instituciones de salud estatales y 37.2 por ciento contra servicios privados.
Sabidas son las carencias de las instituciones de salud en el estado, sobre todo las federales, que concentran más de la mitad de las quejas. Sin embargo, el porcentaje de quejas por servicios de salud privados es elevado, y hay que considerar que aquí las carencias no son un problema.
Qué dice la ley; ¿aumentar penas de qué si no hay?
En la práctica, el Código Penal de Baja California en lo referente a delitos cometidos en el ejercicio de la profesión, dice en su artículo 269 sobre responsabilidad médica y técnica, que: “Los médicos, cirujanos y demás profesionales similares y auxiliares serán penalmente responsables por los daños que causen en la práctica de su profesión, en los términos siguientes: 1. Además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, según sean dolosos o culposos, se les aplicará suspensión de un mes a dos años en el ejercicio de la profesión o definitiva en caso de reincidencia. 2. Estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus ayudantes, enfermeras o practicantes, cuando estos obren de acuerdo con las instrucciones de aquellos”.
¿Aumentar las penas de qué, si no hay penas? Cuestionó el presidente del Colegio de Abogados de Mexicali. El problema es que no hay una pena como tal, ni privativa de la libertad ni de multa. Lo que sí hay, es una suspensión provisional y en caso de reincidencia, se convierte en definitiva, agregó.
El abogado indicó que este caso es lo que consideran una norma imperfecta; “la norma sustantiva penal es la descriptiva; el catálogo de delitos, el Código Penal. Y la norma adjetiva es el Código de Procedimientos. La primera no aterriza, no protege a todos aquellos usuarios de los servicios médicos que se ven vulnerados por una mala práctica médica. Incluso podemos hablar de una revictimización porque no hay una garantía para evitar la repetición”.
“En el caso de Keren Vallejo viene la pena correspondiente al delito concreto, homicidio, pero en el tema de la negligencia médica en general, no hay una pena concreta, carece de punibilidad el delito; por eso considero que la norma es imperfecta. Esto tendría que cambiar, por ejemplo, en el caso de Keren, hay más casos que no han visto la luz pública. Si llegáramos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dirían ¿dónde está la garantía de no repetición? ¿Dónde está la consecuencia normativa?”, expuso.
Pagan justos por pecadores, argumentan médicos
El presidente del Colegio de Médicos Generales y Familiares de Mexicali, manifestó que “estamos viviendo tiempos difíciles en el sector médico porque estamos viviendo una cacería de brujas, y pagan justos por pecadores. Hay colegas a los que se les han complicado cosas, pero no tuvieron la culpa y aun así están sufriendo un linchamiento por parte del gobierno, por parte de la sociedad, de las redes sociales, de los medios”.
Añadió que fue muy desafortunada la primera declaración que hizo la gobernadora sobre la judicialización del acto médico, pues lo tomaron muy mal. Ahora que cambió el tono de la propuesta “no vamos a defender un acto médico que no sea correcto y que esté fuera del marco de la legalidad”, remarcó.
Aquí lo importante es que en la mayoría de los casos las negligencias se dan en instituciones públicas y también el gobierno tiene que proveer de los medios necesarios para que los galenos puedan llevar a cabo su profesión de manera correcta; tener todos los insumos apropiados, las instalaciones adecuadas, todo el personal de enfermería destinado a cierto número de pacientes, aseguró.
Este aspecto, preponderante en las instituciones de salud pública, queda cubierto con uno de los detalles de la iniciativa y que suena más a buenos deseos que a realidad: la formación de una comisión de vigilancia de servicios de salud que esté integrado por una persona de la Secretaría de Salud estatal, otra de la Secretaría de Hacienda, un médico, un enfermero, un trabajador social, y un representante de la asociación de profesionistas que sea integrante del CAME.
Sus atribuciones serían inspeccionar las condiciones físicas y la estructura médica de la institución de salud; supervisar que la institución cuente con el cuadro básico de insumos del sector salud, los insumos, la tecnología y los recursos para brindar atención médica; y gestionar ante las autoridades competentes las problemáticas que encuentren.
La ley contempla atenuantes a la negligencia médica cuando las instalaciones del sector público o privado no cuentan con las medidas y equipos necesarios para que el médico pueda ejercer su profesión.
“Acabamos de pasar por una situación tremenda con la pandemia, donde ningún hospital estaba preparado y donde muchos médicos murieron. ¿A quién vamos a culpar por la muerte de los médicos entonces? A los que requirieron hospitalización los atendieron ahí mismo y a otros los mandaron a su casa. A todos les dieron contratos temporales y en cuanto bajó la pandemia, los corrieron a todos y están sin trabajo. También hay que ver eso. El médico en México trabaja con muy poco y así es la formación desde el inicio, desde que te mandan a hacer tu servicio social a poblados donde hay muchas carencias y tiene que sacar adelante su trabajo con nada de insumos y con un sueldo paupérrimo”, subrayó el doctor Cota.
Médicos evaluando a médicos
La doctora María Guadalupe Félix Herrera, titular del Comité de Arbitraje Médico del estado (CAMEBC), explicó que su modo de operación es recibir las quejas en las unidades de cada municipio, las cuales son atendidas por médicos conciliadores que proporcionan orientación, gestión, asesorías y por supuesto, la conciliación, para evitar la judicialización del acto médico, origen de la queja.
Félix Herrera expresó que en los primeros dos meses de este año se han recibido 97 quejas, correspondiendo 27 a Mexicali, 25 a Tijuana, 24 a Ensenada, 8 a Tecate y 13 a Rosarito. Respecto a la especialidad de la que se derivan las quejas, encabezan la lista medicina general, ginecología y obstetricia, y odontología.
De todas las quejas pocas llegan a la etapa de conciliación, por lo que muchos se plantean si la existencia del CAME está justificada, pues se trata de médicos evaluando a otros médicos.
Respecto a los procedimientos penales en caso de negligencia, cuando el paciente perdió la vida y ya no le corresponde tratarlo al CAME, el proceso consiste en interponer una demanda penal o civil por el delito general que corresponda, aunque esto no es garantía de justicia, como lo prueba el caso de la muerte de una joven que fue operada por un ginecólogo en el Hospital de la Familia en Mexicali el verano pasado, donde presuntamente la paciente perdió la vida a causa de la perforación de una arteria por parte del cirujano.
A pesar del dictamen forense que demostraba la probable responsabilidad del ginecólogo en el fatal desenlace, el juez de control Luciano Angulo, decidió desestimar la acusación aun contando con declaraciones de médicos que describieron la mala praxis del galeno.
Otra cuestión a considerar es que en el caso de Keren Vallejo la doctora que la operó presuntamente causó una hemorragia y la desatendió; tiene la especialidad en ginecología y obstetricia, así que de haber estado en vigor la iniciativa de la gobernadora, esta no hubiera hecho ninguna diferencia.
Según cifras de la Fiscalía General del Estado, menos del 2 por ciento de las demandas penales contra médicos, llegan a judicializarse.
El acercamiento del gobierno
Juan José Pon Méndez, director jurídico de Gobierno del Estado, externó que tienen mesas de trabajo con colegios de médicos para socializar y afinar la iniciativa antes de presentarla al Congreso del estado.
“Explicamos por primera vez cuál sería la propuesta; realmente hubo muchas manifestaciones en contra de que se pudiera reformar el Código Penal pero no se había hecho del conocimiento la propuesta legislativa. Eso nos causó cierto asombro, pues sin tener una propuesta legislativa, se criticaba”, dijo.
“Nosotros tenemos importantes ingresos en lo referente al turismo médico, que lo debemos proteger y una manera de hacerlo es exigiendo que quienes realicen cierto tipo de procedimientos quirúrgicos, estén capacitados para hacerlo”, declaró.
Una gran responsabilidad: Cotuco
La directora de Cotuco aplaude por esto la propuesta de la gobernadora: “sabemos que esta profesión conlleva una gran responsabilidad y hay muchas cosas que se pueden hacer de forma ilegal, como el caso de los trasplantes. Así como hay un tipo de control en el gobierno en el caso de la revisión pública, debe haber una revisión en el tema médico. Pasa mucho en lo estético, donde médicos y enfermeras no están certificados”, dijo.
Las tres áreas más fuertes del turismo médico en Mexicali son la cardiovascular, la odontológica y las cirugías estéticas, explicó y señaló que últimamente se está posicionando fuerte el tema oftalmológico, pues una cirugía que en Estados Unidos puede salir en 6 mil dólares, aquí puede costar mil 500, y se aceptan aseguranzas del país vecino, lo que quiere decir que los médicos ya tienen los permisos y las certificaciones que pide Estados Unidos.
Adelantó que trabajan en un proyecto para unir el área médica con la de hotelería, desarrollando una página de internet y una aplicación que tenga una lista de médicos certificados, opiniones, información sobre aseguranzas y calificaciones, así como una lista de hoteles capacitados que pueden dar un correcto seguimiento a pacientes y sus familias tras una intervención quirúrgica en la ciudad.
Aunque en Mexicali no tienen la cifra exacta de personas que actualmente ingresan por turismo médico, las cifras antes de la pandemia eran muy buenas: en Mexicali un promedio de 525 personas diarias, y en Los Algodones de 3 mil a 5 mil, en la temporada alta que es de octubre a marzo, dijo.
Tras la pandemia las cifras bajaron mucho, aunque se recuperan, remarcó. En promedio cada turista médico gastaba 359 dólares por visita, cifra que pretenden elevar mediante la implementación del proyecto de listado de médicos y hoteles. También detallan un plan para ayudar al crecimiento del turismo médico, que consiste en enseñar el idioma inglés a recepcionistas, enfermeros y doctores para que tengan una comunicación óptima con sus pacientes americanos.
Sin duda la propuesta de la gobernadora actualizará a Baja California con la media nacional respecto al periodo de inhabilitación del ejercicio médico, y se prevendrá la mala praxis con las eventuales penas que se puedan imponer a los galenos que realicen procedimientos sin contar con la especialidad necesaria para ello. En el renglón de consecuencias para médicos que cometan negligencias, todo seguirá igual.
