APPs, opción ante déficit de agua, plantean empresarios a Ávila
Tijuana, 5 de noviembre.- Ante el déficit de agua que registra Baja California, el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) propuso a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda recurrir al esquema de Asociaciones Público Privadas (APP) para abatir el rezago de infraestructura, comentó el presidente del organismo en Tijuana, Francisco Rubio Rangel.
El proyecto de la desaladora para Playas de Rosarito sería una solución a mediano y largo plazo, planteó al argumentar que recurrir a esta opción resultaría más barato para obtener el recurso líquido para la zona costa, que el proveniente del Río Colorado.
No todo lo tiene que hacer el gobierno
“En el tema del agua, infraestructura, vialidades y demás no todo lo que tiene hacer el gobierno del estado; aunque estuviera en buenas finanzas el gobierno del estado no hay dinero que alcance, y si hay este esquema que se pueda utilizar a través de las APPS, o bien licitaciones privadas podrían ser de gran beneficio”
Rubio Rangel abundó que el esquema planteado debería ejecutarse de forma transparente desde el anteproyecto, la licitación y ejecución, sin embargo, dijo que será decisión de la autoridad analizar su viabilidad.
Señaló que el empresariado respaldó en su momento los proyectos de APP para la creación de desaladoras en Ensenada y San Quintín, que también registran falta de agua, cuya situación merma el crecimiento económico.
Llegó la reconciliación con el sector económico
Justificó que dicho esquema resolvería el problema financiero que registran los gobiernos al arranque de cada administración, al subrayar que con Marina del Pilar Ávila Olmeda llegó la reconciliación con el sector económico.
“Es un borrón y cuenta nueva, ahora hay que ponernos a trabajar; sabemos cuáles son las deficiencias que tiene el estado, hay que irlas desempolvando, desmenuzando de una en una; son proyectos de corto, mediano y largo plazo, lo importante es que tengamos una visión de hacia dónde queremos llegar”.
Cabe señalar que la administración de Jaime Bonilla Valdez canceló el proyecto de la desaladora Aguas de Rosarito, aprobado durante la gestión del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, que contemplaba un pago mensual de 173 millones de pesos durante 37 años, lo que propició una demanda a la autoridad por un reembolso de 51 millones de dólares ante los tribunales internacionales.
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