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México

Conceden amparo a «El 85» contra extradición a EU

Por: César Arellano García / La Jornada

Ciudad de México, 6 de septiembre.- El Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, le concedió una suspensión de plano a Erick Valencia Salazar, alias El 85, para que no se ejecute por el momento la orden de extradición a Estados Unidos. El capo es identificado como cofundador del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y ex jefe de las plazas que controlaba Ignacio Nacho Coronel Villarreal en el occidente del país.

La madrugada del lunes, el Ejército mexicano recapturó a Valencia Salazar, en cumplimiento de una orden de aprehensión con fines de extradición. Era identificado como el principal socio y asesor de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG, con quien después rompió toda relación.

Valencia Salazar fue detenido en marzo de 2012 durante un operativo implementado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el municipio de Zapopan.

Permaneció en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, pero a finales de diciembre de 2017 un juez lo absolvió por violaciones al debido proceso. Desde entonces habría tenido contacto con Carlos Enrique Sánchez Martínez, El Cholo, fundador del cártel Nueva Plaza, quien antes de romper con Nemesio Oseguera fungía como uno de su círculo más cercano al ser el jefe de sicarios.

Valencia Salazar inició una etapa de expansión hacia Michoacán, Morelos, Guerrero y Veracruz. Eso le permitió coordinar la recepción de cocaína y efedrina –para la elaboración de drogas sintéticas–, procedentes de Colombia y China, respectivamente.

Este martes, el juez federal le concedió la suspensión contra la privación de la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, malos tratos, desaparición forzada, que se dice pueden ser objeto el directo quejoso, para el efecto de que de inmediato cesen. También para que sin dilación sea presentado ante el Ministerio Público o juez que corresponda por parte de las autoridades ministeriales, para que se determine su libertad o su retención dentro del plazo constitucional.

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