¿Impartición u obstrucción de la justicia?
El juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat exoneró a la ex secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles de los cargos de ejercicio indebido del servicio público que le formuló la Fiscalía General de la República, por los que pasó tres años presa. Paredes determinó el “sobreseimiento total” de la causa, indicó que la FGR no puede iniciar un nuevo proceso penal por los hechos imputados, dejó sin efectos todas las medidas cautelares contra la funcionaria del peñanietismo (prisión domiciliaria, prohibición de salir del país y órdenes de presentarse cada 15 días a firmar ante las autoridades) y estableció que la administrativa es la única vía posible para sancionar a Robles por “no evitar” el desvío de 5 mil millones de pesos en la dependencia que encabezó.
La FGR reaccionó con un comunicado en el cual denuncia la ilegalidad de la sentencia, que claramente contraviene a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como a fallos previos de al menos dos jueces y una magistrada. La Fiscalía considera que Paredes violó los “principios legales y la justicia más elemental”, por lo cual determinó proceder tanto penal como administrativamente contra el juzgador.
La absolución completa de Robles en el caso conocido como estafa maestra se suma a una serie de decisiones que despiertan una inevitable suspicacia sobre de qué lado se encuentra el Poder Judicial en la lucha contra la corrupción.
Esta misma semana, el decimoséptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito de la Ciudad de México resolvió por unanimidad otorgar un amparo que desbloquea las cuentas bancarias de Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, pese a que está denunciada en México por operaciones con recursos de procedencia ilícita y en Estados Unidos porque fue “integrante de la trama de lavado de dinero” encabezada por el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.
Días antes, el quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito otorgó el mismo beneficio al ex director de Seguridad Federal de la Policía Federal Luis Cárdenas Palomino, quien fue brazo derecho de García Luna. El fallo a favor de Pereyra Gálvez puede leerse como una burla abierta a todo el sistema de procuración de justicia, pues se produjo el mismo día en que su esposo y presunto cómplice era declarado culpable en Nueva York por cuatro cargos de narcotráfico, mientras el amparo a Cárdenas Palomino fue igualmente afrentoso por dar acceso a recursos financieros a un personaje que, según todo lo sabido hasta ahora, formó parte de un esquema criminal enquistado en lo más alto de la estructura gubernamental durante el sexenio antepasado.
Tomadas en conjunto y aunadas a otras no menos deplorables, estas sentencias abonan a la percepción de que algunos integrantes del Poder Judicial han formado una suerte de escudo de impunidad en torno a personajes encumbrados del pasado reciente, sobre los cuales pesan acusaciones sólidas de corrupción y abuso de poder. No es posible insistir lo suficiente en la urgencia de reformar a fondo esta rama del gobierno que se ha convertido en uno de los obstáculos más formidables para concretar las exigencias de justicia de los ciudadanos.
