Roma Arde / Elizabeth Maier

Los Estados Unidos parecen encaminarse a los tiempos finales, destino central del imaginario fundamentalista cristiano. Las múltiples y agravantes crisis experimentadas actualmente por el país no solo constatan un momento histórico complejo y desafiante, sino que atestiguan la fractura de la hegemonía estadounidense y el consiguiente resquebrajamiento, en parte producto de las dinámicas y reconfiguraciones del orden neoliberal globalizado. A nivel interno, la persistente crisis sanitaria, las confrontaciones culturales, la palpable polarización socioeconómica implícita al modelo neoliberal y su consiguiente crisis de legitimidad, los desfasamientos y desgastes institucionales, las tensiones frente a la inmigración y el valor de una sociedad incluyente y -aún más grave- la creciente desvalorización de la democracia liberal por casi un tercio de la ciudadanía, han desembocado en una confrontación interpretativa -agudizada por la tecnología y las redes sociales- sobre los principios fundacionales del país y su significado simbólico y funcional hoy en día. ¿Qué quiere decir libertad? ¿Qué quiere decir democracia? ¿Quiénes tienen derechos a ejercerlas plenamente?

Expresados hoy en día en una multiplicidad de temas en disputa, los actuales embrollos internos revelan una contradicción fundacional del país: el discurso del excepcionalismo democrático nacional y su supuesto destino expansivo en el mundo contrastan con las instituciones y mecanismos no democráticos que son los pilares del modelo de gobernanza del país. En estos tiempos de aguda confrontación política, el Senado, la Corte Suprema y el Colegio Electoral se visibilizan como vías institucionales no democráticas, actualmente encaminadas hacia la consolidación de un gobierno minoritario y autoritario. Además, el mecanismo del filibustero -el  de aprobación del Senado- que requiere 60 votos para aprobar cualquier propuesta legislativa en disputa, nueve más que la mayoría simple-, impide el avance de leyes que favorezcan el bienestar político y económico de grandes franjas de la población. Dicho carácter primordialmente antidemocrático de este mecanismo se evidencia aún más en estos tiempos tan sectarios, cuando ningún partido cuenta con una mayoría significativa. Así que, en anticipación de las pronosticadas tendencias políticas a favor del Partido Demócrata en virtud de la reconfiguración demográfico-cultural del país, el Partido Republicano se ha empeñado en apropiarse de dichas instituciones, empleando precisamente este mecanismo de aprobación (el filibustero) en contra de legislación representativa del sentir mayoritario.

A su vez, dicha estrategia Republicana depende del control partidista de la mayor cantidad de gobiernos estatales y locales, con sus respectivos órganos de gobierno, consejos escolares y electorales. En este contexto, y frente a la resistencia de aceptar la victoria electoral certificada de Joe Biden (2020), se sitúan las 28 leyes en 17 estados gobernados por Republicanos y las 61 propuestas aún por aprobarse en 18 estados que restringen el acceso al voto, vigilan los procesos electorales de manera partisana y permiten disputar -y aun revertir- los resultados del voto. Uno de los mecanismos centrales en estos intentos en contra de la democracia ciudadana es la presencia de vigilantes electorales partisanos que puedan patrullar largas filas de votantes en cualquier parte del estado. Por ejemplo, se podría imaginar a vigilantes blancos -posiblemente portando armas legales- en las filas electorales de los barrios afroamericanos o latinos, con toda la carga del racismo, sexismo y xenofobia que es propio de los grupos de ultraderecha.

Otro ejemplo de la promoción partidista del vigilantismo se encuentra en la nueva ley aprobada por la mayoría Republicana del Congreso de Texas que prohíbe el aborto -incluyendo por violación o incesto- después de seis semanas de embarazo. A su vez, la ley empodera a la ciudadanía a vigilar y demandar judicialmente a las/los “facilitadores y acompañantes” de un aborto (más no a las propias mujeres), compensándoles monetariamente con 10 mil dólares por cada juicio ganado. Tal delegación de las funciones gubernamentales al vigilantismo ciudadano justificó la determinación de la mayoría ultraconservadora de la Corte Suprema estadounidense a argumentar que no existen referencias jurídicas para establecer la legalidad o no del caso, validando así su entrada en vigor (01-09-2021).  

Expertos/as en materia de jurisprudencia aseguran que la ley viola la Constitución, el derecho de las mujeres a la salud reproductiva y el derecho implícito a la autonomía corporal y existencial, todos garantizados desde 1973, con la decisión de la Corte Suprema en el caso de Rowe v. Wade. Actualmente, en Texas, miles de mujeres -sobre todo, mujeres de menores recursos, en comunidades latinas y afroamericanas- serán/son forzadas a sobrellevar embarazos no deseados y a sufrir las consecuencias de por vida. Es cuestionable el valor por la vida que pretende la llamada posición provida, cuando solo valora la vida en útero y se niegan a financiar las políticas públicas que garantizarían la calidad de vida después de nacer: apoyo económico a las madres solas, más estancias infantiles, mejores escuelas públicas y atención integral a la salud familiar, entre otras. Desafortunadamente, más estados gobernados por Republicanos/as -por estos/as supuestos/as defensores/as de la vida- ven en la ley texana un modelo para promover la penalización del aborto en sus entidades. Aunado a las 97 restricciones ya codificadas en las leyes estatales en 2021 (la mayor cantidad desde que se despenalizó el aborto en 1973), los estados de Florida, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Kentucky, Luisiana, Oklahoma y Ohio se alistan para aprobar leyes similares a la texana. Así que mientras la Suprema Corte mexicana abrió el camino a la despenalización del aborto y al pleno respeto al derecho a la salud de las mujeres a nivel nacional (09-09-21), la Corte Suprema estadounidense retrocede a contracorriente del sentir mayoritario que registra un 58% de la población que no desea revertir la ley Rowe v. Wade.

La abundancia de nuevas leyes estatales restringiendo el acceso al voto, y en algunos casos estableciendo mecanismos jurídico-políticos para revertir los resultados electorales mayoritarios, aunado a las nuevas leyes de penalización al aborto al inicio del primer trimestre, cuando las mujeres no saben que están embarazadas, ejemplifican la actual estrategia Republicana de controlar los cuerpos de las mujeres y de minorías raciales y étnicas, que dentro de unos lustros serán mayoría demográfica.  La promoción del vigilantismo ciudadano –en un país de fácil acceso legal a las armas- no puede ignorar el sitio actual en la base trumpista de grupos paramilitares (como las milicias locales, los Oath Keepers, 3%ers, Proud Boys, Bugaloo Boys y QAnon, etc.), que con facilidad pudieron transformarse en un mecanismo de control político-electoral local de un proyecto derechista, antidemocrático, autoritario y minoritario. En este sentido, la pérdida de todas las guerras de intervención -desde Vietnam hasta la debacle actual en Afganistán- es otro factor que nutre la desconfianza hacia el gobierno de un sector de la población. En esta franja se pueden adscribir militares y policías jubilados y en activo, con avanzado entrenamiento militar y con acceso legal a armas de alto poder. Asimismo, existen activistas de la causa antiaborto y otros/as ciudadanos/as ansiosos/as de ganarse la vida mediante el cobro de los 10 mil dólares por cada juicio exitoso en contra de personas que han facilitado el acceso o algún otro apoyo a la intervención médica del aborto.  

Promovidas por gobernantes del partido Republicano, sustentadas por una mayoría significativa de magistrados/as conservadores en la Suprema Corte, facilitadas por el empleo del mecanismo de aprobación uber mayoritario en el Senado y apoyadas por la base política trumpista blanca, patriarcal, fundamentalista cristiana y crecientemente violenta, las nuevas y futuras leyes que restringen el derecho ciudadano a votar y el derecho a la salud reproductiva y autonomía de las mujeres, han provocado el cuestionamiento a las propias instituciones y mecanismos no democráticos, que actualmente forman parte medular del orden político estadounidense. En particular, la crítica Demócrata se vuelca hacia el mecanismo de aprobación en el Senado (el filibustero) y la cantidad y el periodo de las/os magistradas/os de la Corte Suprema. Se anuncian las batallas por venir. Empero, para comprender mejor dicha confrontación entre el autoritarismo y la democracia liberal habría que situarla dentro del contexto de las múltiples crisis, interseccionadas y mutuamente potencializadas que padece el país, especialmente la crisis pandémica, las transformaciones demográficas y culturales, la crisis del modelo neoliberal y sobre todo, el progresivo desgaste de la hegemonía estadounidense y la consiguiente implosión imperial.